En menos de una semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado, al menos, tres veces su versión sobre el concepto y el bolsillo al que ha ido a parar buena parte del dinero de los madrileños y madrileñas. Hace pocos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid negaba rotundamente que su hermano hubiera sido beneficiario de ningún contrato con la Comunidad de Madrid. La semana pasada admitía la percepción de una comisión de 55.850 euros más IVA correspondiente a una importación de mascarillas. Este mismo jueves, en medio del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y con el foco mediático en ella, la Comunidad de Madrid confesaba que efectivamente Tomás Díaz Ayuso habría cobrado 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive, un importe muy similar al que apuntó Pablo Casado la semana pasada antes de que su partido le defenestrara.
No es necesario recordar los numerosos casos de corrupción que ha vivido nuestra Comunidad desde que el Partido Popular parasita la institución, pero lo cierto es que hasta ahora no habíamos asistido a un presunto caso de corrupción que se produjera en un momento de vulnerabilidad, cuando fallecían una media de 800 personas al día en hospitales a consecuencia de la pandemia. Sin duda será la justicia la que determine si existe responsabilidad penal en el caso de las mascarillas pero ha llegado el momento de levantar todas las alarmas civiles y políticas ante las evidencias, cada vez mayores, de que existe un nutrido séquito empresarial que medra alrededor del Gobierno regional.
No es casual que en paralelo a estos acontecimientos el Gobierno de la Comunidad de Madrid se disponga a modificar, a través de la aprobación de la Ley Ómnibus, el método de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, organismo que fiscaliza la contratación pública en la Comunidad de Madrid. En la actualidad y desde 2019, sus integrantes son elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obliga a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo para decidir su composición. De salir adelante la reforma, el Partido Popular tendría la capacidad de bloquear esa votación de consenso y controlar el órgano. Y, por tanto, convertirse en juez y parte.
El problema no es que la señora Díaz Ayuso haya usado las instituciones para beneficiar a su entorno. El problema es que las instituciones de la Comunidad de Madrid, después de décadas de gobierno del Partido Popular, no tienen mecanismos para protegerse de la corrupción y del saqueo que sucede con total impunidad.
Fuente: www.elpais.com